Los principales objetivos marcados en este plan son atajar el fenómeno de la deslocalización de grandes empresas de transporte hacia países de la UE con menores costes de explotación (“empresas buzón”), y el control del Dumping Social para lo que los controles no sólo se desarrollarán en carretera, sino también en empresas, tanto transportistas, como cargadoras.
Además, FETRANSA ha mostrado su satisfacción por la reinterpretación del baremo sancionador para que en los supuestos de cabotaje ilegal se sancione también al cargador contractual (sea un operador de transporte, otra empresa transportista o un cargador), al igual que sucede en los casos en que se contrata con un transportista sin la debida autorización de transporte en el ámbito nacional, a lo que la Administración ha respondido afirmativamente, por lo que a partir de este año se sancionará tanto a la empresa que realice el servicio de cabotaje de forma ilegal (4.001 €) como a la empresa que haya contratado dicho servicio (2.001 €), incrementándose el control sobre estas empresas cargadoras.
Más sanciones para el cabotaje ilegal
Tras conocer Plan de Inspección del Transporte Terrestre para 2017, FETRANSA considera que "ha llegado el momento de poner en práctica lo que se plasma en papel".
