El nuevo gravamen recaudatorio se aplicará inicialmente tanto en la N-I (carretera de Madrid a Irún) como en la A-15 (Autovía de Navarra a Guipúzcoa). Su entrada en vigor está prevista para diciembre de 2017, una vez se haya instalado toda la infraestructura de cobro.
Las organizaciones de transportistas que integran el Comité Nacional de Transporte por Carretera han acordado plantear las acciones judiciales que sean necesarias para intentar anular la norma foral, y consensuarán las medidas de fuerza de rechazo a la misma, que serán acordadas en una reunión plenaria del Comité Nacional a celebrar el próximo mes de enero.
Afectará de forma muy negativa a la competitividad
Desde Fenadismer considerarán que esta medida afectará de forma muy negativa a la competitividad de las exportaciones españolas a la Unión Europea y vulnera la normativa estatal sobre traspaso de competencias en materia de carreteras, al romper la unidad de mercado con el resto del territorio español.
Además recuerdan que la posición geográfica privilegiada de Guipúzcoa ya le permite recaudar "ingentes cantidades" vía tributos procedentes del impuesto de hidrocarburos de los más de 7.000 camiones que diariamente circulan por dichas vías, que supone en torno a 300 millones de euros anuales, muy superior al presupuesto destinado a mantenimiento de infraestructuras por el Gobierno Foral.
