Si sale adelante la propuesta de modificación de la normativa reguladora del impuesto autonómico sobre los carburantes, introducida por el Gobierno en la Ley de Presupuestos para 2018, las comunidades autónomas dejarán de fijar el tipo impositivo sobre los carburantes a aplicar en sus respectivos territorios. El Estado se encargará de recaudarlo y lo repartirá posteriormente.
Se equiparará el importe del impuesto en su nivel máximo, lo que tendrá como consecuencia en la práctica una subida de hasta el 100% del impuesto en algunas regiones, en concreto en las comunidades autónomas de Castilla-León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón y Extremadura, que verán incrementada de forma importante la fiscalidad de los carburantes repostados en dichas regiones, en total hasta 4’8 céntimos por litro.
Los vehículos de menos de 7,5 toneladas se quedan fuera
En lo que se refiere al sector del transporte por carretera, dicha subida del impuesto de hidrocarburos es compensada a una parte del sector del transporte vía devolución del gasóleo profesional, en concreto a los vehículos de transporte de mercancías de más de 7’5 toneladas de peso máximo autorizado, autobuses y taxis.
En consecuencia quedan fuera de dicho régimen de devolución los vehículos de transporte de mercancías de menor tonelaje, esto es, los de hasta 7’5 toneladas, mayoritariamente propiedad de transportistas autónomos, los cuales soportarán íntegramente el incremento de la subida del impuesto de hidrocarburos prevista en la Ley de Presupuestos.
Ante dicha situación discriminatoria, FENADISMER ha planteado ante los diferentes partidos políticos que con ocasión de la tramitación de la Ley de Presupuestos se proceda a la modificación de la actual regulación de la figura del gasóleo profesional incluyendo como beneficiarios también a los vehículos de transportes de mercancías de menor tonelaje, los cuales representan casi una tercera parte del total de la flota de transporte en España.
Solicitan el gasóleo profesional para el transporte ligero
Se pretende amortiguar el impacto de la subida del impuesto de hidrocarburos introducida en la Ley de Presupuestos para 2018 a los vehículos de transporte de hasta 7’5 toneladas.
