Las movilizaciones de los ‘chalecos amarillos’ durante las últimas tres semanas está suponiendo la pérdida de jornadas de trabajo, la imposibilidad de cumplir con los contratos firmados con los clientes, la devolución de mercancías por no haberse podido entregar en los tiempos pactados y el incremento de los costes salariales por los días de bloqueo en el extranjero y las dietas correspondientes sin una actividad que facturar. “Han puesto a una parte muy significativa de nuestras empresas de transporte asociadas en una situación de precariedad de tesorería, con lo que ello supone de cara a poder hacer frente a los próximos vencimientos de pagos de todo tipo”, denuncian desde CETM.
[¿Cuántos millones le cuestan los 'chalecos amarillos' a los transportistas españoles?]
Las medidas solicitadas por la CETM al presidente del Gobierno de España son las siguientes:
– Aplazamiento en la cotización a la Seguridad Social: concesión de una ampliación del plazo reglamentario de presentación de documentos y pago de las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes a los autónomos y a las cuotas empresariales correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena empleados en el sector de transporte por carretera de mercancías, sin que ello suponga el devengo de intereses a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
– Aplazamiento de los ingresos a cuenta del IRPF.
– Aplazamiento de las obligaciones fiscales de las liquidaciones de IVA.
– Creación de una línea extraordinaria de tesorería para el sector del transporte instrumentalizada a través del Instituto de Crédito Oficial, con intereses y requisitos adecuados a la situación de precariedad del Sector.
Igualmente, sin menoscabo de la interlocución realizada por el Ministro de Fomento ante su homónimo francés, la CETM también ha solicitado la intervención personal del presidente del Gobierno Español ante el presidente de la República Francesa y las autoridades competentes de la Unión Europea, para exigirles una actuación inmediata y contundente, que permita que se normalice la situación en las carreteras francesas y se garantice, tal y como se establece en el Tratado de Schengen, la libertad de movimiento de personas y mercancías.
