Concretamente en el sector público se incrementó en 3 días (un 4,6%) —pasando de 65 a 68—, y en el sector privado sumó 4 días más (un 5,2%) —ascendiendo de 77 a 81 días, estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley respectivamente. En el caso del transporte de mercancías por carretera, tal y como muestran los datos del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos que elabora Fenadismer, durante el pasado año la morosidad se mantuvo en unos niveles similares a los del sector privado: ligeramente por debajo de los 80 días de media.
[Así evoluionó la morosidad en el transporte durante 2018]
“Es por ello que reivindicamos que con la llegada del nuevo Gobierno se agilice en el Congreso la tramitación de la ley que posibilitará la implementación del régimen sancionador”, urge el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
En este sentido, casi la totalidad de los encuestados (94%) manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador. Para Cañete, con este sistema de multas “se reduciría notablemente la morosidad, que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”
Según el estudio de la PMcM, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el año pasado el 63% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.
Bloqueo de la ley en el Congreso
Hace ya casi dos años que el Pleno de la Cámara aprobó por unanimidad la tramitación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad. Sin embargo, la normativa no ha terminado de salir adelante porque “ha habido ciertos intereses y presiones de las grandes superficies que han influido en el PSOE y el Partido Popular. Dichos intereses han hecho que incluso a través de alguna transaccional se plantee volver al pacto entre las partes, con todo lo negativo que esto conllevaría”, explica Cañete.
“Las pymes y autónomos no pueden ni deben esperar a un nuevo trámite parlamentario, que en el mejor de los casos puede durar más de un año. El Gobierno tiene la última oportunidad para dejar clara su postura frente a la morosidad, aprobando un Real Decreto donde demuestre su compromiso con este tema, lo que siempre ha manifestado y ha llevado en su programa electoral y en los diferentes pactos de Gobierno que ha realizado”, solicita el presidente de la PMcM.
