Desde su incorporación en la última reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobada en 2013, esta medida legal no ha estado exenta del intento de una parte de las empresas cargadoras de “desactivarla” judicialmente, mediante diferentes impugnaciones ante los Juzgados de lo Mercantil para tratar de limitar sus efectos, explican desde Fenadismer.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha fallado ya por dos veces en favor de la acción directa, en concreto por primera vez en el año 2017, y recientemente mediante la sentencia 1378/2019, creando en consecuencia jurisprudencia en relación a la validez y plena eficacia de la acción directa.
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Así, en dicha sentencia, con un corte profundamente social, el Tribunal Supremo considera la acción directa como “una garantía en favor de los transportistas finales, como parte económicamente más débil de la cadena de transporte”, que se concede “en favor del que efectivamente ha realizado los portes frente a todos aquellos que conforman la cadena de contratación hasta llegar al cargador principal”.
Además, esta sentencia vuelve a dejar claro que el transportista puede ejercitar dicha acción contra el cargador, aunque “éste ya haya pagado al porteador contractual”, lo que además “resulta acorde con la previsión del Código de Comercio francés, en gran medida fuente inspiradora de nuestra reforma legal”.
En consecuencia, tras este dictamen del Tribunal Supremo “queda eliminado cualquier cuestionamiento jurídico de dicho instrumento protector en favor de colectivo de transportistas”, explican los responsables de esta Federación, que destacan que la acción directa ha tenido efectos “muy positivos” para el sector desde su aprobación.
