El pasado 1 de enero entró en vigor en la ciudad de Barcelona, y otros municipios limítrofes, la nueva Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE) con el objetivo de reducir la contaminación ambiental que soporta su área metropolitana. Engloba una extensión superior a los 95 km2: todo el término municipal de Barcelona (excepto la Zona Franca Industrial y el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo y Les Planes), los municipios de Sant Adrià de Besòs y L'Hospitalet de Llobregat, y parte de los municipios de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat.
Esta normativa prohibe la circulación de turismos, motos y ciclomotores que no dispongan de distintivo ambiental, de lunes a viernes en horario de 7 a 20 horas. A partir de 2021, la Ordenanza amplía la prohibición de circulación dentro de la ZBE del ámbito de las rondas de Barcelona en el horario antes indicado a las furgonetas, camiones y autobuses que no dispongan de etiqueta de la DGT.
Afectará a más de la mitad de los transportistas
Sin embargo, esta medida tan restrictiva para el sector del transporte de mercancías es rechazada por las principales asociaciones de transportistas por ser absolutamente inasumible y poco realista. Así, la Asociación General de Transportistas de Cataluña AGTC, federada en FENADISMER, denuncia que la aplicación de dicha restricción supondrá en la práctica expulsar del sector a más de la mitad de la flota que actualmente opera en la Ciudad Condal, conforme a los datos que maneja el propio Ayuntamiento de Barcelona y que constan en la memoria de impacto económico que se elaboró para la aprobación de la Ordenanza.
Así, en la citada Memoria de impacto se pone de relieve que el 56% de los vehículos ligeros y el 59% de los vehículos pesados censados en Barcelona dedicados al transporte de mercancías carecen en la actualidad de distintivo medioambiental y en consecuencia no podrán circular por la ZBE a partir del 1 de enero de 2021. Ello supondrá la reconversión forzosa de más de un 50% del sector del transporte, en particular miles de vehículos de transporte deberán ser reemplazados por otros con etiqueta medioambiental en el improrrogable plazo de un año.
Alzan la voz
La asociación catalana de transportistas AGTC ha expresado su rechazo a la Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona porque considera que persigue unos objetivos “inasumibles e inalcanzables”. Recuerdan que en el mercado no existen demasiadas alternativas tecnológicas para los vehículos pesados, “que necesariamente deben continuar siendo propulsados por motores diésel”, señalan. Lamentan que no existan planes que faciliten la reconversión del sector ni seguridad jurídica que garantice las inversiones en nuevos vehículos.
“Miles de autónomos y pymes se verán condenados a dejar la profesión, al no poder hacer frente a la renovación de flotas, en unos casos dada su avanzada edad, y en otros por imposibilidad financiera”, advierten.
