El documento incluye una lista de 371 alojamientos turísticos concretos, repartidos por todas las comunidades autónomas, cuyo funcionamiento será considerado esencial y deberán permanecer en funcionamiento. Estarán cerrados al público general, pero acogerán a trabajadores de servicios básicos, como profesionales sanitarios, transportistas, miembros de los cuerpos de seguridad, responsables de los sistemas de redes o eléctricos, etc. Además, permitirán que se alojen ciudadanos que viajen por algunas de las excepciones establecidas en el estado de alarma, especialmente si lo hacen para cuidar a mayores, menores, discapacitados o personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria.
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Los centros que no estén en la lista no serán considerados esenciales y no están obligados a abrir, pero si es necesario también pueden alojar a personas que cumplan las condiciones de la lista anterior.
Además, la orden fija que todos estos establecimientos, estén incluidos en la lista o no, no sólo presten alojamiento, sino también servicio de restauración y cualquier otro que resulte necesario. También se permite el acceso a las instalaciones y servicios de aseo y restauración a los transportistas de mercancías profesionales, aunque estos no se encuentren alojados.
