Solo unos días de que se hiciera pública la segunda sentencia, Oiarbide amenazó con elevar a rango de ley la norma reguladora del peaje, a fin de blindarla ante posibles recursos por parte de los afectados ya que, conforme al sistema constitucional vigente en nuestro país, las leyes no pueden ser recurridas directamente por los ciudadanos, sino por sus representantes parlamentarios o el Defensor del Pueblo. “Sorprende esa actitud tan poco democrática de alguien que viene defendiendo desde el principio la absoluta legalidad de la Norma Foral y manifestada reiteradamente su confianza en que la justicia le dará la razón”, señalan desde Fenadismer.
Otro “malabarismo judicial”
La aparente tranquilidad que transmite Aintzane Oiarbide de cara a la galería contrasta con las diferentes actuaciones que últimamente viene llevando para tratar de “salvar” un proyecto en el que se ha implicado personalmente. Ahora la Diputación de Guipúzcoa ha planteado otro “malabarismo judicial”: en su recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo contra la primera sentencia pretende declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para juzgar la Norma Foral que estableció los peajes a camiones, bajo el argumento de que la norma tiene carácter tributario, como si de un impuesto más se tratara, pese a que fue tramitada por la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Guipúzcoa y no la Comisión de Hacienda, y que además su cobro y gestión no lo hace una Administración sino que lo lleva a cabo una empresa privada de capital público, como es Bidegi, aplicándose el IVA correspondiente como cualquier otro peaje en el resto de España.
Desde la Federación consideran que se trata de un intento “a la desesperada” para que la Justicia no pueda valorar la legalidad de dicha norma, ya que si la Norma Foral se considerara de contenido tributario sólo podría ser analizada por el Tribunal Constitucional, impidiendo a los afectados poder impugnarla.
El Supremo se pronunciará en unos meses
Previsiblemente el Tribunal Supremo fallará sobre el recurso de casación planteado a finales de este año o principios del que viene. En todo caso FENADISMER recuerda “que el fondo de la norma ya ha sido analizado dos veces por un Tribunal Superior y dos veces lo ha declarado ilegal por nada menos que por vulnerar un principio tan fundamental, como es el de no discriminación”. “No se va a poder “borrar” su carácter discriminatorio”, afirman.
