Pese a los intentos de los responsables de la Diputación de Guipúzcoa por defender las ‘bondades legales’ de su peaje a camiones puesto en marcha en 2018, la confianza en su legalidad no debe ser tal cuando ha debido recurrir a una serie de malabarismos judiciales para tratar de salvar su medida recaudatoria ‘estrella’.
Como ya se informó hace unas semanas, el último movimiento judicial de la Diputación, planteado cuando estaba a punto de dictase sentencia respecto al recurso de casación planteado en su día, consistió en declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para conocer del asunto, órgano judicial que ya ha declarado ilegal el peaje en dos ocasiones.
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“Sin embargo, esta nueva actuación ‘a la desesperada’ no ha sido bien considerada por la Fiscalía del Tribunal Supremo”, señalan desde FENADISMER, ya que lejos de respaldarla, la considera “una artimaña” con el “malicioso propósito de impedir el pronunciamiento del Tribunal Supremo”, ya que a su entender se trata de “un intento por parte de la Diputación Foral de evitar el fallo del recurso al presumirlo desfavorable”.
Con independencia de la decisión que dicte el Tribunal Supremo en los próximos días sobre este incidente, así como del fallo final al recurso de casación planteado por la Diputación de Guipúzcoa, en FENADISMER recuerdan que el fondo de la Norma ya ha sido analizado en dos ocasiones por un Tribunal Superior, “y por dos veces lo ha declarado ilegal, por nada menos que por vulnerar un principio tan fundamental como es el de no discriminación, por mucho que algunos pretendan ignorarlo”.
