La UETR (Asociación Europea de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Transporte por Carretera), que preside FENADISMER, considera esta medida “unilateral y de dudosa legalidad” y así se lo ha transmitido a la Comisión Europea.
La UETR comparte el objetivo prioritario de mejora de la seguridad vial, mediante el estricto cumplimiento de la legislación y las normas de tráfico, el aumento de la formación de nuestros conductores y transportistas, la gestión eficaz de riesgos y el apoyo a la implementación completa de nuevas tecnologías. “Pero este objetivo debe ser compatible con la necesidad de que la legislación deba ser clara, basada en una evaluación de impacto adecuada y adecuada al propósito que respete los principios de una legislación adecuada, que en este ámbito debe ser uniforme, eficaz y coherente a nivel de la Unión Europea”, reclaman.
A su juicio, una medida unilateral de un Estado miembro, como al aprobada por el Gobierno francés exigiendo la obligatoriedad de señalizar los ángulos muertos a todos los vehículos de transporte que circulen por sus carreteras, “va en contra de la igualdad de condiciones y la armonización en el transporte por carretera a nivel europeo, ya que obliga a los transportistas a cumplir con las obligaciones de un solo país y ,además, puede causar confusión o malentendidos entre los encargados de hacer cumplir la ley en todos los demás Estados miembros de la UE que no están acostumbrados a las nuevas pegatinas que deben llevar ahora los vehículos”.
Además, la UETR recuerda que ya existe una legislación sólida de la UE que exige que los vehículos pesados estén equipados con espejos de ángulo muerto, lo que brinda a los conductores un campo de visión más amplio que los espejos convencionales y, por lo tanto, protege a los motociclistas, ciclistas y peatones, por lo que se plantean dudas sobre la eficacia real de dicha norma francesa para garantizar la protección de los usuarios de carreteras más vulnerables.
Por todo lo anteriormente expuesto, la UETR ha instado a la Comisión Europea que exija al Gobierno francés que corrija su legislación y / o suspenda su régimen sancionador.
