La última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso que el plazo de pago máximo superara los 60 días. Sin embargo, en la práctica la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en dichos plazos ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de dicha ley.
[Los plazos de pago en el sector se incrementaron un 4% en 2020]
En este sentido, en base al compromiso asumido con las asociaciones de transportistas el pasado mes de Julio, el Ministerio de Transportes se comprometió a impulsar la aprobación de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad específico del sector del transporte por carretera, cuya tramitación inició el mes de Septiembre, por vía de urgencia, aunque en la práctica ha tardado más de 5 meses en redactar el proyecto de ley que este martes 9 de Febrero ha aprobado en Consejo de Ministros para iniciar su tramitación y aprobación final en el Parlamento.
FENADISMER valora “muy positivamente” dicho proyecto, aunque muestra su preocupación porque durante tramitación parlamentaria se pueda ver afectado por el otro proyecto de ley se establecimiento de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad para todos los sectores económicos, que se encuentra en la actualidad más avanzado, ya que fue impulsado en el propio Congreso de los Diputados dentro de los acuerdos adoptados el pasado mes de Junio en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica promovida para establecer medidas de reactivación del país tras la crisis ocasionada por la covid.
