Una vez que el texto cuenta con el visto bueno del Consejo Constitucional (el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional) y ha sido refrendada por ambas Cámaras Legislativas, entrará próximamente en vigor. “Afectará muy negativamente al desarrollo actual de la actividad del transporte por carretera, afectando no sólo a las empresas de transporte francesas, sino también, a las más de 30.000 empresas transportistas españolas que se dedican al transporte internacional”, aseguran desde Fenadismer.
Entre las medidas más perjudiciales para el sector del transporte por carretera destacan las siguientes:
– Se establece la prohibición de circulación de vehículos de transporte propulsados por combustibles fósiles en los ámbitos metropolitanos de las ciudades de más de 150.000 habitantes a partir del 31 de diciembre de 2024. “En apenas 3 años, los vehículos diésel o de gasolina ya no podrán circular libremente en dichas poblaciones, mientras que la disponibilidad de vehículos limpios seguirá siendo muy limitada, por lo que dichas ciudades previsiblemente experimentarán muchos problemas de suministro y a la vez muchos transportistas verán reducida su actividad”, anticipan desde la Federación.
–Se eliminará completamente la devolución parcial del impuesto sobre los carburantes (gasóleo profesional) el 1 de enero de 2030. “Resulta incongruente ya que simultáneamente se permitirá seguir vendiendo vehículos que utilizan combustibles fósiles hasta el año 2040, por lo que incomprensiblemente los transportistas serán gravados con impuestos elevados durante al menos 10 años”, exponen.
– La nueva Ley prevé la posibilidad de diferenciar los precios de los peajes según el tipo de motorización o las emisiones de dióxido de carbono. Esto significa, por tanto, que además de pagar un alto precio por el diésel profesional a partir de 2030, los transportistas pagarán aún más los peajes, pese a que esos mismos peajes se han incrementado en más de un 40% desde la privatización de las empresas que las gestionan. A ello se sumará la posibilidad que se establece para los Gobiernos regionales de implantar a partir de 2024 una “ecotasa” a los camiones por el uso de las carreteras nacionales francesas.
Contribuirá a la “muerte” económica de los transportistas
Hay que tener en cuenta que, según varios estudios científicos, los transportistas emiten menos del 6% de las emisiones de CO² a nivel nacional y el 1% de las emisiones a nivel mundial. “El hecho de que los transportistas franceses paguen más impuestos no resolverá el problema del cambio climático, pero sí contribuirá a la “muerte” económica de los transportistas, especialmente de los de menor dimensión”, aseguran los responsables de Fenadismer.
Más obstáculos para el transporte internacional
La Ley francesa de lucha contra el cambio climático ha contado con el rechazo de las asociaciones de transportistas de aquel país porque el contenido de algunas de las medidas condicionará el futuro del sector del transporte de mercancías por carretera.
