El Real Decreto materializa la concesión de las ayudas directas a las CCAA, Ceuta y Melilla y define a los beneficiarios finales de las mismas (empresas privadas y autónomos del sector), las actuaciones subvencionables, los requisitos para acceder a la financiación y las principales líneas.
Actuaciones y objetivos
Los objetivos de la línea de inversión son impulsar la transformación del parque de vehículos pesados de transporte de mercancías y de viajeros, incentivar la penetración en España de tecnologías para la propulsión de vehículos que utilicen energías alternativas y acelerar la reactivación industrial y el sector de la automoción, favoreciendo la descarbonización de las flotas y la mejora de la calidad del aire en los entornos metropolitanos.
Desde el ministerio aseguran que estos incentivos “impulsarán el mercado de vehículos de cero y bajas emisiones para iniciar la senda de transformación de estas flotas tan importantes y estratégicas, un sector en la que la oferta y demanda de tecnologías bajas en carbono se encuentra en un estado menos avanzado que para los vehículos tipo turismo o furgonetas ligeras. Como ejemplo de esta situación, durante el 2020 se matricularon tan solo 6 camiones electrificados de un total de 18.812 y 40 autobuses eléctricos de un total de 2.171”.
Actuaciones subvencionables
Las principales actuaciones subvencionables que recogen las ayudas son:
a) Achatarramiento de vehículos adscritos a una autorización de transporte y matriculados en España con anterioridad al 1 de enero de 2019.
En el total de la vigencia del plan, se espera achatarrar unos 20.000 camiones y 3.000 autobuses, lo que supondrá una reducción estimada de emisiones de CO2 de 600.000 toneladas al año (600 kt CO2-eq).
b) Adquisición de vehículos de energías alternativas. Son subvencionables los vehículos eléctricos, de hidrógeno, híbridos e híbridos enchufables y de gas (GNL o GNC), en este último caso de forma transitoria hasta el 31 de diciembre de 2023. Los vehículos deberán ser nuevos y matricularse y adquirirse tras la solicitud de la ayuda.
c) “Retrofit” o modificación de la forma de propulsión de vehículos desde combustibles de origen fósil (diésel, gasolina o gas) a vehículos cero emisiones, eléctrico o de hidrógeno (BEV, FCV o FCHV). También, en un plazo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2023, es potencialmente subvencionable la transformación de una motorización diésel o gasolina a cien por cien gas, (GNC o GNL), siempre que cumplan con los últimos estándares de emisiones contaminantes para vehículos pesados.
d) Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
e) Adquisición semirremolques para autopistas ferroviarias.
Las ayudas para financiar estas cuatro líneas de actuación se establecen como un importe fijo unitario por motorización, por categoría y tipo de vehículo (N2, N3, M2, M3 y sus clases) y, en el caso de las subvenciones para la adquisición de flotas cero o bajas emisiones, también por tipo de destinatario, de manera que se tiene especialmente en cuenta a autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Por ejemplo, un autónomo o una pequeña empresa puede lograr una ayuda máxima de 200.000 euros por vehículo si adquiere un autobús cien por cien eléctrico o de hidrógeno de clase I de más de 15 metros.
En el caso de empresas medianas o grandes, la subvención unitaria se sitúa en los 175.000 y 150.000 euros, respectivamente.
Los responsables del Ministerio estiman que podrán subvencionarse hasta 2.000 camiones y 500 autobuses eléctricos puros, de emisiones cero en todo el periodo del programa. Esto supondrá un incremento sobre los datos actuales de más del 300% en camiones y doblar la tasa de autobuses.
En cuanto a la instalación de infraestructuras de recarga, la norma recoge cuatro categorías en función de la potencia del punto de conexión. La cuantía máxima se establece para puntos de carga con potencial igual o superior a 350 kW (ultrarrápidos), con 70.000 euros de ayuda fija, vinculada a la adquisición de un camión eléctrico, híbrido enchufable o de autonomía extendida”. Se prevé que el programa facilite la instalación de más de 1.500 puntos de carga nuevos en España, dedicadas al transporte pesado de mercancías y viajeros por carretera.
Distribución territorial y condiciones
El programa de ayudas estará se dotará de forma inmediata con 174 millones de euros que se distribuirán entre las comunidades y ciudades autónomas con cargo al presupuesto de 2021. La línea, que estará vigente hasta el 30 de abril de 2024, se ampliará, en función de la demanda, hasta los 400 millones de euros.
El criterio de distribución territorial de los fondos europeos es el número de vehículos de transporte público de mercancías y viajeros y transporte privado complementario domiciliados en cada comunidad autónoma.
El Plan de Recuperación
Esta línea está incluida en el componente 1 del PRTR, Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. En concreto, forma parte de la inversión 1, Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano, dotada con 2.916 millones de euros. Además de los 400 millones para las empresas de transporte, la línea incluye 1.500 millones en ayudas para municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte público urbano y transferencias de 900 millones a las CCAA, Ceuta y Melilla para sus inversiones directas en digitalizar y descarbonizar la movilidad metropolitana. El Consejo de Ministros aprobó el martes 19 de octubre la propuesta de distribución territorial de esta partida, que deberá ser ratificada en Conferencia Nacional de Transportes.
El componente 1 apuesta por ayudar a la mejora de la calidad del aire y la reducción de las emisiones de gases contaminantes y del ruido, invirtiendo en infraestructuras y servicios de movilidad verdes, sostenibles y activos (a pie o en bicicleta). También busca servir de palanca para la digitalización de la movilidad, contribuyendo a la mejora de la calidad y accesibilidad del servicio de transporte, y a una mayor eficiencia en la planificación de la movilidad que pueden alcanzar las administraciones competentes gracias a las herramientas digitales.
Las comunidades y ciudades autónomas distribuirán las ayudas europeas por concurrencia simple, es decir se otorgará la subvención a medida que se solicita hasta que se agote el crédito, en condiciones homogéneas en todo el territorio nacional.
La línea, que estará vigente hasta el 30 de abril de 2024, se ampliará, en función de la demanda, hasta los 400 millones de euros.
Las estimaciones de Transportes señalan que las subvenciones podrán ayudar a disminuir un 3% las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el transporte pesado por carretera.
