Entre las novedades, se incluye “solapadamente” la posibilidad de que las víctimas de accidentes de tráfico tengan que tributar por la indemnización que reciban cuando se trate de un acuerdo amistoso. “Para un sector como el nuestro, cuya actividad se desarrolla en la carretera, a pesar de que la tasa de accidentalidad de camiones no es elevada y se ha reducido con fuerza en los últimos años, esta modificación supondrá un fuerte perjuicio para los profesionales que, desgraciadamente, sufran un accidente”, apuntan desde la CETM.
Desde la Confederación advierten de que es injusto que, a la hora de recibir una compensación por los daños sufridos tras un suceso de estas características, se deba hacer frente a este gasto y considera “que no se puede establecer una medida recaudatoria cuando se trata de algo tan delicado como la restitución de los graves perjuicios personales y patrimoniales sufridos por las víctimas.”
Además, este anteproyecto introduce cambios en el procedimiento de los trámites de los acuerdos amistosos extrajudiciales entre las aseguradoras y los perjudicados. “Provocará un incremento de los costes de los mismos, pues introduce la intervención de una figura denominada ‘tercero neutral’, exigiendo además escritura pública cuando el pago es realizado por una entidad aseguradora”, anticipan desde la CETM.
Por otro lado,” si tributan las indemnizaciones obtenidas tras un acuerdo amistoso, se generará un aumento de los litigios, pues las víctimas deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando, aún más si cabe, la ya desbordada administración de Justicia”, lamentan.
Ante esto, la Confederación espera que se estudie esta modificación y finalmente no se lleve a cabo, "puesto que reparar los daños personales y patrimoniales de las víctimas de los accidentes de tráfico de manera íntegra es indispensable y un derecho de los ciudadanos."
»Es injusto que las víctimas de tráfico tributen por las indemnizaciones»
El anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre y ahora se encuentra en fase prelegislativa.
