La operación se puso en marcha el pasado verano ante la existencia de sospecha “de práctica de actos engañosos" en el uso de los aparatos tacógrafos, según ha informado el Instituto Armado. Y después de un minucioso trabajo de análisis e investigación, se ha podido comprobar como los tiempos de conducción y descansos que quedaban registrados en los tacógrafos instalados en los vehículos de la empresa investigada, así como en las tarjetas de sus conductores, "no correspondían con los reales, pudiendo ser activados y desactivados mediante un mando a distancia, permitiendo jornadas de conducción notoriamente superiores, con el grave riesgo que ello supone".
Los detenidos se enfrentan a una posible pena de prisión, que puede oscilar entre los seis meses y los tres años, y a una multa económica.
