Respecto al combustible, el principal problema señalado, el precio ya se sitúa en más de 2,1 euros por litro, un 70% más que el año anterior. En cifras, llenar un camión articulado de carga general de 1.000 litros, con el que se podría recorrer 2.860 kilómetros, cuesta 838 euros más que en 2021. Esto, para una flota media de cuatro vehículos supone un coste de 3.252 euros más que el año anterior. “El combustible ha pasado de significar un 30% a un 40% de nuestros costes directos. Los asociados aseguran que este incremento puede provocar cierres de empresas, un escenario que puede empeorar aún más si cabe porque no es la única partida que está creciendo”, afirma Carlos Prades, presidente de FVET.
Desde el punto de vista de la Federación, al incremento salarial del 6,5% acordado en el convenio colectivo, también se añade la adquisición de vehículos. “Si el año pasado un camión de carga general costaba 80.000 euros de media este año asciende a 110.000 euros, un 30% más”, añade Prades.
"Necesitamos incorporar de forma inmediata en torno a 2.000 conductores"
La falta de conductores es otro de los principales problemas junto a los bajos precios del transporte. Este déficit ha pasado de afectar a 1 de cada 3 empresas en 2021, a la mitad de los encuestados. “A corto plazo, necesitamos incorporar de forma inmediata en torno a 2.000 conductores y, a largo, un relevo generacional. La falta de chóferes ya supone operativas paradas”, explica el vicepresidente de la Federación, Juan Ortega.
Los transportistas valencianos también señalan las dificultades en las operativas y prestación de servicios (31,3%) como otra de las trabas en su actividad. “Nos referimos a las retenciones que se producen por ejemplo en el Puerto de Valencia, a las horas de espera para cargar o descargar la mercancía de cualquier empresa de carga general o a las dificultades en la ocupación de la vía pública, que afectan a las operativas de grúas y mudanzas. Esta situación se traduce también en pérdidas económicas: en el caso de los portuarios, 5 horas de retención supone una merma económica de 3 millones de euros al mes como mínimo”, añade Juan Ortega.
Más operativas, menos rentabilidad
En líneas generales, el sector valora la actual situación con un “suficiente”, pero entorno a un 30% de los transportistas la califica con un “suspenso” debido, principalmente, a estas problemáticas, a las que se suma la competencia desleal, la elevada fiscalidad o la morosidad.
Haciendo balance del primer semestre de 2022, una de cada cuatro empresas asegura que ha aumentado el volumen de operativas en un 25%. Pero este crecimiento de actividad no va acompañado de un incremento de ingresos. “Solo un 15% de los encuestados ha experimentado un repunte de ingresos y, en la mayoría de los casos, ha sido inferior al 25%. Las problemáticas que apuntamos minimizan la rentabilidad del transporte valenciano”, asegura Carlos García, secretario general de la Federación.
Respecto al segundo semestre, las empresas prevén una mejora de la situación como consecuencia de la entrada en vigor de nuevas medidas favorables para los transportistas, que tratan de poner fin a problemas como la carga y descarga, y la consolidación del recargo por la variación del precio del combustible. “La aplicación definitiva de este recargo es una de las medidas más estratégica y no es fácil. Esto supone cambiar el modus operandi en nuestras relaciones comerciales y, por ello, desde la Federación estamos haciendo un seguimiento del grado de cumplimiento de este nuevo marco legal”, afirma García.
Más ayudas directas y para la formación
Desde el punto de vista del presidente de la Federación, además de la aplicación efectiva del recargo, la situación requiere de medidas más urgentes. “En línea con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, al que pertenece FVET, demandamos más ayudas directas por camión o furgoneta como ha hecho el gobierno de La Rioja recientemente, con importes de hasta 625 euros por vehículo pesado, y reclamamos una bonificación de céntimos por litro más alta”.
Respecto a la formación, la Federación apuesta por profesionalizar todos los cargos del sector, desde el conductor hasta la gerencia, para mejorar la rentabilidad de las operativas y demanda más subvenciones para facilitar el acceso a la profesión. “Otras comunidades autónomas, como Castilla y León, ofrecen ayudas para obtener el permiso de conducir y el Certificado de Aptitud Profesional. Solo estos dos títulos suponen cerca de 4.000 euros. Necesitamos poder eliminar estas barreras. La Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma, por detrás de Andalucía y Cataluña, que mayor volumen de mercancías moviliza y, como tal, necesita profesionales cualificados”, concluye Prades.
La falta de chóferes ya supone operativas paradas
La escalada desbocada del precio del combustible y la falta de conductores son las principales preocupaciones de los profesionales del transporte en la Comunidad Valenciana, según se desprende de una encuesta realizada por la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET).
