Denuncian que empresas cargadoras instan a los transportistas a delinquir

Desde el pasado mes de mayo, conforme a lo establecido en el Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea en 2020, los transportistas que trabajan con vehículos ligeros de más de 2´5 tns deben solicitar una licencia comunitaria ante el Ministerio para realizar transporte por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Ante el previsible volumen de transportistas afectados por la nueva regulación, el Ministerio de Transportes estableció un procedimiento ágil de solicitud de la licencia comunitaria durante este año 2022, eximiendo a los transportistas de aportar los documentos acreditativos de los requisitos exigidos para su obtención, sustituyéndolos por la presentación de una declaración responsable acreditativa de que los cumplen. La presentación de dicha declaración significa que el transportista reconoce que cumple tanto con el requisito de competencia profesional como los relativos al establecimiento, honorabilidad y capacidad económica exigidos.
 
Sin embargo, según denuncia FENADISMER, este procedimiento simplificado de tramitación de las licencias administrativas para trabajar en la Unión Europea está sirviendo a empresas cargadoras para instar a sus transportistas colaboradores a obtener ilegalmente dichas autorizaciones sin cumplir el requisito de competencia profesional, utilizando para ello la cooperación de gestorías especializadas que proceden a tramitar las licencias comunitarias sin advertirles a los transportistas de que la firma de dicha declaración sin cumplir los requisitos, además de ilegal, implica incurrir en un posible delito penal por falsedad documental.
 
Desde la Federación recuerdan que la comprobación del cumplimiento de dichos requisitos se llevará a cabo por la Comunidad Autónoma de residencia del transportista con ocasión del visado que se llevará a cabo en 2023, sin perjuicio de las posibles inspecciones de control de cumplimiento de los requisitos que se lleven a cabo durante este año.
 

  • Algunas gestorías están tramitando las licencias comunitarias sin advertir a los transportistas de que si no cumplen los requisitos y firman la declaración que acredita que si lo hacen, cometen una ilegalidad y un posible delito penal.
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