El déficit se ha disparado desde los 7.463 millones de euros que presentaba en 2019 a 9.918 millones en 2021 (9.456 millones corresponden a firmes y 462 millones a equipamiento vial), lo que supone un alza del 32,9%. Un incremento de casi 2.500 millones del que la subida de los precios de los materiales de construcción explica aproximadamente 1.500 millones.
Este estudio muestra que, de los 101.700 kilómetros representados en la muestra auditada (26.400 kilómetros de la red del Estado y 75.300 km de la autonómica), un total de 13.000 km presentan deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento.
El informe concluye que el 70% de la red viaria es segura, considerando en conjunto el estado que presentan el firme, la señalización vertical y horizontal, y los elementos de contención y balizamiento. Sin embargo, solo el 43% de las vías del país están preparadas para su adaptación a la futura movilidad conectada y autónoma, y apenas el 14% podrían iniciar el proceso de transición ecológica derivado de las exigencias y compromisos internacionales, según la AEC.
¿La solución?
Los responsables de la Asociación Española de la Carretera aseguran que el mal estado de la red carreteras incrementa al menos un 10% el consumo de combustible, y consideran que para revertir la situación es necesario “un espacio de financiación propio, global y sostenible para la conservación viaria”, que habría de nutrirse con recursos provenientes de: Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, Fondos Europeos, sistemas de tarificación por uso y estrategias de colaboración Público-Privada.
El estado de las carreteras españolas, de mal en peor
El déficit en conservación se aproxima ya a los 10.000 millones de euros, según el último informe sobre “Necesidades de Inversión en Conservación”, desarrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) en el segundo semestre de 2021 y que afecta tanto a las vías competencia de la Administración Central como a las que gestionan las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales.
