¿Qué pide Plataforma para evitar el paro?

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte ha dado a conocer los resultados de las votaciones celebradas en diversos puntos de la geografía nacional durante el pasado fin de semana, aunque no ha ofrecido datos sobre la participación. Solo ha hecho público que un 86% de los transportistas que participaron en estos encuentros se ha mostrado partidario de parar los camiones.

 

En base a este resultado, la organización liderada por Manuel Hernández ha convocado un paro nacional indefinido a partir de las 00.00 del próximo 14 de noviembre.
 
Además, ha enumerado sus peticiones, que de cumplirse podrían evitar una situación similar a la vivida el pasado mes de marzo.
 
El Gobierno tiene que garantizar que, con la colaboración de la Guardia Civil (en carretera), la Inspección de Transportes (en las empresas) y Hacienda (en las contabilidades), se controlará el cumplimiento de la Ley de Costes (RDL 14/2022). También reclaman que la Guardia Civil, las policías locales y la Inspección de Transportes vigilen el cumplimiento de la nueva normativa sobre carga y descarga (RDL 3/2022).
 
El Gobierno tiene que realizar inmediatamente los correspondientes cambios y controles en la Ley de Costes (RDL 14/2022) para garantizar su cumplimiento dando cobertura a todo tipo de transporte (furgonetas, Ligero, Pesado…)
 
3º El cálculo respecto a costes deben recoger las mismas partidas para todo tipo de transporte: amortización del vehículo, financiación del vehículo (en caso de no haberla se aplicará el coste por depreciación), personal de conducción (en base a los convenios establecidos), seguros del vehículo (incluyendo daños propios, retirada de carnet y seguros de vida), costes fiscales (tasas, revisiones, ATP, ADR, CAP, etc..), combustible + combustible de los frigoríficos en su caso, consumo de disolución de Adblue, neumáticos, mantenimiento, dietas del conductor, peajes, costes indirectos, y tiempo de disposición para la carga y descarga del vehículo (en aquellos trabajos de corto recorrido; reparto, transporte local, de obras, etc.…)
 
Además reclaman que sean válidas las denuncias de las organizaciones de transporte y de cualquier afectado por el incumplimiento de la ley. Así como sanciones para el cargador principal, cargador contractual y transportista por incumplir la ley, que deberían oscilar entre laso 70.000 y los 90.000 euros.
Por último, piden la supresión de las exenciones para no ser multado.
 
 
 
 
 
 

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