El Sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denuncia que los planes de inspección para 2023 suponen “otra muestra más de que quien manda en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no es el Gobierno, sino los grandes empresarios del sector a través de la Comité Nacional de Transporte por carretera (CNTC) y de la connivencia existente entre ambos para no resolver los problemas estructurales del sector.”
Desde el sindicato consideran que la inspección de transporte centrará sus trabajos para 2023 “en los aspectos que le convienen al CNTC y no al sector, debido a una carencia absoluta de recursos humanos para realizar su labor”. Lamentan que el Ministerio no cuente más con los sindicatos: “En consecuencia, las leyes y los objetivos del Ministerio son fiel reflejo de las directrices del CNTC”.
Leyes a la medida del CNTC
Además, denuncian que las normativas aprobadas “a medida del CNTC” no han eliminado la participación de los conductores en las tareas de carga y descarga. También lamentan que “bajo el chantaje del paro patronal” se haya dado luz verde a la prohibición de trabajar por debajo de costes, la ampliación a las exenciones de llevar tacógrafo, o con “al reguero de subvenciones y ayudas al combustible”.
CCOO también llama la atención sobre el dumping social que se produce entre las provincias del estado español, como queda patente en las negociaciones del Acuerdo General del Transporte de Mercancías por Carretera, que no establece un salario base mínimo y digno para todo el Estado.
¿Qué falta en el plan de inspección?
Los responsables de CCOO consideran que el plan de inspección debería enfocarse a sancionar a las empresas que incumplen el reglamento europeo que prohíbe pagar por kilómetro para garantizar la seguridad vial y los accidentes en carretera. Sin embargo, la mayor parte de las empresas de este país retribuyen a su personal por kilómetro.
Aseguran que los chóferes de vehículos pesados son el segundo colectivo en número de accidentes mortales en España: “mientras la fatiga los mata, el Ministerio se dedicará a vigilar si los empresarios cobran o no lo que otro empresario no les paga”.
Por último, señalan que las sanciones por incumplir los tiempos de conducción y descanso son “irrisorias” y denuncian que “están siendo amortizadas por las empresas con los correspondientes descuentos salariales en algunos casos”.
