Desde su creación, el impuesto siempre fue objeto de críticas y cuestionamiento desde diferentes ámbitos por su posible ilegalidad al vulnerar la normativa europea en materia de tributación sobre los combustibles, y en febrero de 2014 finalmente fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia Europeo, que además estableció la no limitación temporal de los efectos de la sentencia, al quedar acreditada la actuación culpable del Estado español por haber mantenido vigente dicho impuesto durante más de una década pese a las sucesivas advertencias de las instituciones comunitarias sobre su ilegalidad.
Sin embargo, la devolución de lo recaudado ilegalmente durante más de una década a los afectados, principalmente transportistas, está siendo un proceso interminable. “Los sucesivos Gobiernos han ido planteado diferentes obstáculos para tratar de dificultar su devolución: así inicialmente la Agencia Tributaria sólo devolvió lo recaudado los últimos 4 años de vigencia del impuesto, hasta que el Tribunal Supremo reconoció en 2016 la responsabilidad patrimonial del Estado obligando a devolver las cantidades recaudadas que habían prescrito, de 2002 a 2009”, recuerdan desde Fenadismer.
Pese a que la sentencia del Alto Tribunal se dictó hace más de 6 años, el Ministerio de Hacienda se ha tomado con tranquilidad la devolución alegando falta de presupuesto. A día de hoy, los transportistas continúan recibiendo devoluciones del céntimo sanitario con sus correspondientes intereses de demora.
Así en el caso de Fenadismer, que ha contado con la asistencia jurídica de la corporación internacional Ernst and Young, las sucesivas reclamaciones planteadas ha permitido recuperar en torno a los 100 millones de euros en favor de sus asociados a lo largo de todos estos años.
El céntimo sanitario sigue coleando una década después de ser declarado ilegal
El Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, denominado coloquialmente céntimo sanitario, se puso en marcha en 2002 como un recargo sobre gasolinas y gasóleos para ayudar a financiar la sanidad pública y estuvo en vigor durante más de 10 años.
