Hay que tener en cuenta que en la actualidad España cuenta con un total de 3.307 kilómetros de carreteras de pago, de las que varios tramos expirarán sus concesiones privadas en los próximos dos años y pasarán a formar parte de la red pública estatal.
Así el próximo mes de noviembre vence la concesión de la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, que suma 84 kilómetros de longitud, y en diciembre de 2019 concluyen las concesiones de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, con un total de 474 kilómetros, y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, con un recorrido de 94 kilómetros.
Además, en 2021 vencen las concesiones de más autopistas: la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol. En total suman 479 kilómetros.
“Aportará indudables ventajas”
FENADISMER considera que dicha medida aportará indudables ventajas para la mejora de la seguridad vial y la descongestión de la red viaria nacional, “ya que permitirá una mejor redistribución de los tráficos tanto privados como profesionales entre las carreteras nacionales y las autopistas paralelas de peajes, basando la elección por una u otra vía por parte de los conductores, no en criterios exclusivamente económicos como hasta ahora, sino en función de la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje”.
Por otra parte, FENADISMER solicitará que, una vez sean aprobados los Presupuestos del Estado para 2018, se ponga en marcha el Plan de incentivos económicos para fomentar el desvío voluntario de camiones en la red de autopistas de peaje, que para este año está dotado con una partida de 45 millones de euros.
En este sentido, desde la Federación recuerdan los resultados “tan satisfactorios” que cosechó el citado Plan puesto en marcha en 2015, mediante la bonificación de hasta el 50% del importe del peaje, y que con un presupuesto de tan sólo 7’5 millones de euros permitió el desvío adicional de más de 220.000 camiones durante sus 5 meses de vigencia.
