Pese a la “confianza” inicial manifestada por la propia Diputación guipuzcoana sobre la legalidad de la medida aprobada en su día, sin embargo, parece que el temor a un posible revés judicial por parte del Tribunal Supremo ha llevado a la Diputación de Guipúzcoa a promover un proyecto de modificación de la vigente regulación del peaje, que está tramitando por vía urgente de forma sorprendente, a fin de garantizar que en el caso de que el fallo fuera finalmente desestimatorio a sus intereses, puedan mantener la “pervivencia” del sistema de cobro a los transportistas que transiten por ambas vías.
[La Justicia tumba los peajes vascos]
Una propuesta sin consenso político
La nueva reforma exprés que ha elaborado la Diputación de Guipúzcoa pasa por establecer dos nuevos pórticos de control de pago del peaje (en Astigarraga y en Andoaín) y ampliando el tramo sujeto al canon, “para tratar de esta forma de camuflar el carácter discriminatorio de la actual regulación del peaje”, apuntan desde Fenadismer.
Sin embargo, el apoyo político unánime que consiguió la norma foral aprobada en 2016 por la que se establecían los peajes a camiones en ambas carreteras, parece que se ha roto en esta ocasión, ya que tanto el Partido Popular como EH Bildu han defendido este miércoles 10 de Octubre, durante la tramitación del nuevo proyecto de norma foral en las Juntas Generales de Guipúzcoa, sendas Enmiendas a la totalidad solicitando la devolución del mismo a la Diputación Foral.
Pese a ello, el Gobierno foral, sustentado por PNV y PSE, parece decidido a aprobarlo el mes próximo con la intención de ponerlo en marcha a principios de 2019, sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Quieren burlarse de la Justica y de los transportistas
Por ello, FENADISMER insiste en que el nuevo proyecto legal supone “una falta absoluta de respeto a nuestro sistema judicial, al pretender sortear las decisiones del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo mediante la aprobación de una nueva regulación con el objetivo de que dichas sentencias no tengan efecto práctico en el actual sistema de peaje a camiones, lo que se considera una auténtica “burla” tanto a la propia justicia como al colectivo de transportistas guipuzcoanos y del resto de España afectados por la voracidad recaudatoria de la Diputación guipuzcoana”.
