El Ministerio de Industria fijó un calendario para flexibilizar las revisiones que venzan durante el estado de alarma, pero no ha establecido ninguna prórroga para los vehículos que les caduque la ITV a partir de este domingo 21 de junio, y las estaciones casi 400 estaciones ITV existentes en toda España se encuentran saturadas y sin posibilidad real de atender los millones de vehículos que no han pasado su revisión estos meses atrás. “En numerosas ITVs el calendario que se muestra no tiene ninguna fecha disponible antes de septiembre, como es el caso de las provincias Valencia, Barcelona, Cáceres Guadalajara, Albacete y Mallorca, entre otras; otras en las que como fecha más próxima hay que esperar a Agosto, como es el caso de Asturias, Bilbao, Badajoz o Ávila, o bien al mes de Julio, como es el caso por ejemplo de las provincias de Zaragoza, Huesca, Cantabria, Lleida, Soria, Burgos, León, Alicante y Huesca”, exponen.
[El Ministerio de Industrial también ningunea a los transportistas]
“Perjuicios incalculables”
FENADISMER considera que esta situación va a ocasionar “perjuicios incalculables” tanto para las propias empresas de transporte como para la reactivación económica del país, porque “en la práctica va a suponer la paralización en las próximas semanas de miles de camiones, furgonetas y autobuses necesarios para el desarrollo de la actividad del transporte, ya que de lo contrario se arriesgan a ser sancionados y a que en caso de accidente el seguro no lo cubra por no tener pasada la revisión”.
En manos del Defensor de Pueblo
Ante las peticiones de las principales asociaciones de transportistas, el ministerio de Transportes solicitó el pasado 4 de Junio a los Consejeros autonómicos que “se priorizase todo lo posible las inspecciones de los vehículos de transporte profesional, teniendo en cuenta que son servicios esenciales para toda actividad económica, así como para la movilidad de los ciudadanos y que es primordial que puedan regularizar lo antes posible la situación de sus vehículos que constituyen sus medios de producción”, sin embargo parece tal ruego no ha producido el efecto deseado en la mayoría de las Comunidades Autónomas.
Ante esta situación, FENADISMER ha interpuesto el correspondiente escrito de queja y solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo al haberse producido una clara situación de indefensión e inseguridad jurídica hacia los transportistas afectados y una manifiesta vulneración de la legalidad vigente, la cual ha sido admitida a trámite al existir una posible vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, y a tal fin ha procedido a iniciar actuaciones ante el Ministerio de Industria.
