Tras el revuelo inicial, el anterior ministro, José Luis Ábalos, aseguró que este proyecto no saldría adelante antes de 2024 para no frenar la recuperación económica, y lo supeditó al cumplimiento de dos requisitos: consenso político mayoritario, y acuerdo con el sector del transporte por carretera.
Ahora Raquel Sánchez volverá a reabrir el debate basándose en que el porcentaje de pago de la red de alta capacidad en España (15%) es muy inferior al de la media europea, y una justificación medioambiental: según el Ejecutivo, el transporte por carretera es responsable de alrededor de la tercera parte de las emisiones de gases con efecto invernadero por lo que se debe aplicar el criterio de “quien contamina paga”, según recoge el diario ‘El País’.
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Una campaña de “concienciación y sensibilización”
Desde el Ejecutivo son conscientes de que se trata de una medida muy impopular y por ello tienen previsto iniciar una campaña de “concienciación y sensibilización” para hacer ver a los transportistas y a la población en general que es necesario ejecutar el pago por uso. En cuanto a los profesionales del volante, Transportes asegura que se buscarán formulas para garantizar que los transportistas pueden repercutir estos costes a sus clientes.
Muchas incógnitas
Se conocen muy pocos detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, pero en principio el pago se implantaría en los 12.000 kilómetros de vías de gran capacidad (autopistas, autovías y carreteras multicarril) del Estado a partir de 2024, y se podría extender a los 5.200 kilómetros de vías de alta capacidad que dependen de otras administraciones.
Las posibles tarifas siguen siendo una incógnita. Algunas fuentes apuntan a que podría oscilar entre 1 y 1,5 céntimos de euros por kilómetro para los turismos y alrededor de cinco céntimos para los camiones.
