Esta decisión causó un hondo malestar entre los transportistas porque frustraba las fuertes expectativas que habían puesto en dichas ayudas al haber quedado excluidas de otras convocatorias anteriores, como el Plan Renove que puso en marcha el Ministerio de Industria a finales del año 2020.
Así, pese a que el objetivo del Plan de Ayudas, que está dotado con un presupuesto de 174 millones de euros que serán gestionados por las Comunidades Autónomas, es reducir las emisiones del sector del transporte por carretera mediante vehículos nuevos propulsados por energías alternativas bajas en carbono, “las ayudas del Gobierno dejan fuera no solo la adquisición de camiones diésel de última generación, sino incomprensiblemente también los propulsados por gas natural GNL o GNC, a diferencia de otros países europeos, sin que en se motive en el texto legal los motivos de tal exclusión”, apuntan desde Fenadismer.
Suspensión cautelar parcial
Las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera han decidido impugnar judicialmente el Decreto de ayudas, solicitando asimismo su suspensión cautelar parcial, teniendo en cuenta además la discriminación que supone que la nueva línea de ayudas sí contemple la posibilidad de la compra de autobuses propulsados a gas, cuando éstos desarrollan su actividad principalmente en los ámbitos urbanos, donde se dan los mayores problemas de contaminación.
Por el contrario, en el sector del transporte de mercancías las ayudas sólo pueden ir dirigidas a la adquisición de vehículos eléctricos, cuya oferta en el mercado es aún muy escasa y sólo limitada para ámbitos locales (como es la recogida de residuos o la distribución de última milla) así como para la compra de camiones propulsados por hidrógeno, que como reconoció el propio Gobierno en el Plan de Recuperación y Resilencia “están aún en fase de experimentación”, de ahí que Fenadismer lo calificara como un Decreto de ayudas para la renovación de vehículos “futuristas” lo que en la práctica supondrá que “las empresas de autobuses y las de recogida de la basura serán las principales beneficiarias, pero no las empresas de transporte por carretera.”
El Gobierno lanza un mensaje confuso para el sector
Esta exclusión a la propulsión a gas de los camiones coincide en el tiempo con el reciente debate abierto en el seno de la Unión Europea sobre la consideración el gas natural como energía verde. Así frente a la propuesta de la Comisión Europea favorable a su inclusión, algunos países como España se oponen a ello, posición que FENADISMER no comparte ya que “transmiten un mensaje confuso para el sector del transporte por carretera, que en los últimos años han venido haciendo una decidida apuesta por las energías alternativas al diésel, adquiriendo vehículos propulsados por gas natural, pese a tener un coste mucho más elevado, ya que a día de hoy es la única tecnología de propulsión para el transporte pesado, y que en la actualidad representan una flota total cercana a los 10.000 camiones en nuestro país.”
La discriminación de los camiones de gas, a los tribunales
El Decreto de ayudas aprobado el pasado mes de noviembre por el Gobierno, y que contemplaba un presupuesto inicial de 174 millones para la renovación de las flotas de transporte de mercancías y viajeros, dejó fuera incomprensiblemente la posibilidad de obtener ayudas para la compra de camiones a gas.
