A juicio de AECOC, las medidas recogidas en el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y el CNTC “son de muy difícil cumplimiento y van a generar tensiones innecesarias en el sector”. Además consideran que solo se recogen las reivindicaciones de las organizaciones de las empresas del transporte (patronales) “pero, en ningún caso, las de muchos de los transportistas, y especialmente conductores, a los que la normativa trata de proteger”.
Los cargadores también se muestran preocupados porque estiman que las pymes se verán perjudicadas y anticipan que muchas de ellas no van a poder soportar estas medidas. “La gravedad de algunas de las propuestas es tal que muchas de ellas podrían ver comprometido el buen funcionamiento de sus negocios e incluso su pervivencia”, apuntan.
Carga y descarga
En relación a la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga de los vehículos de más de 3,5tn que recoge el Real Decreto Ley, AECOC considera que ocasionará graves problemas para las empresas contratantes del servicio -especialmente las pymes-, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de productividad y competitividad muy perjudicial para el conjunto de la economía.
En opinión de la Asociación es un grave error que no se admita que esta cuestión forme parte de los acuerdos de negociación entre las partes. “Las empresas contratantes del transporte no pretenden que se obligue al conductor a realizar estas tareas sino simplemente que se permita que las empresas, de mutuo acuerdo y en función de las circunstancias, puedan decidir cuál es el mejor modelo en cada uno de los casos”, apuntan. Además destacan que, en caso de que sea el conductor quien realice estas tareas, “este hecho debe estar debidamente reflejado en el contrato, pagado a parte y, por supuesto, realizado con las máximas garantías de seguridad, prevención de posibles riesgos laborales y comodidad para el conductor”.
Clausula de combustible
“En cuanto a la revisión del precio del combustible es importante destacar que ya actualmente se contempla la revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo, permitiendo el libre acuerdo entre las partes”, afirman desde AECOC.
Se muestran contrarios a que se tengan que aplicar obligatoriamente las fórmulas establecidas por la Administración y creen se debería dejar la puerta abierta a la libertad de pacto. “Las fórmulas planteadas por la administración no tienen en cuenta parámetros tan relevantes para el peso del combustible como, por ejemplo, la distancia recorrida”, argumentan.
Estamos de acuerdo en que las partes deban tener en cuenta las variaciones del precio del combustible, no obstante, entendemos que no debería ser obligatorio aplicar las fórmulas de la Administración y que se debería dejar la puerta abierta a la libertad de pacto. Las fórmulas planteadas por la administración no tienen en cuenta parámetros tan relevantes para el peso del combustible como, por ejemplo, la distancia recorrida.
